¿Cuándo hay vulneración de la garantía de indemnidad?

¿Cuándo hay vulneración de la garantía de indemnidad?
Si no se conoce la indemnidad, muchas veces es difícil conocer la vulneración de la garantía en el proceso laboral, su garantía y sus límites y represalias

La garantía de indemnidad consiste en el hecho de que una empresa no pueda reaccionar de forma adversa si un trabajador reivindica un derecho laboral a la misma. No obstante, esta represalia tiene ciertos límites. ¿Cuándo se está ante este tipo de vulneración? ¿Cuáles son los límites que han establecido los tribunales?

La cobertura del derecho de indemnidad y cuándo se vulnera

El derecho del trabajador a la indemnidad lo protege de toda clase de represalia por parte de la empresa, que esta pueda tomar a causa de cualquier acción de tipo judicial que haya realizado el trabajador en defensa de sus propios derechos. No obstante, el contenido básico de este derecho ha definido por parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, haciendo alusión a estos términos. El resultado ha sido una ampliación con respecto a la cobertura de este derecho. Por tanto, se vulnera el derecho en los siguientes casos.

Cuando ocurra un perjuicio que esté vinculado al mismo

Así ha establecido el Tribunal Constitucional. Así se establece en un gran número de sentencias. Algunos ejemplos importantes son las 225/2001, la 66/2002 o bien, la 80/2005, que marcaron una gran diferencia en comparación con anteriores situaciones que habían ocurrido en los procesos laborales. A partir de las mismas, la garantía de indemnidad protege las represalias en el ámbito de las relaciones laborales. El objetivo principal es el ánimo o la clara motivación de reaccionar y defender el derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución reconoce y además, garantiza.

Cuando el perjuicio esté tanto casual, como objetivamente vinculado

Las sentencias relacionadas con las represalias que la empresa pueda realizar contra el trabajador también establecen que la vulneración de la garantía de indemnidad opera cuando, aunque no exista el propósito como tal de realizar la represalia o de vulnerar la garantía, el perjuicio ocurrido esté objetiva y causalmente relacionando a la vulneración de la tutela judicial efectiva.

Cuando exista una lesión objetiva y constatable

De cara a la vulneración de los derechos de los trabajadores, resulta irrelevante o indiferente el elemento intencional de la conducta. No obstante, para ello, debe constatarse que existe de verdad un nexo causal que resulte adecuado entre la conducta antijurídica y el resultado que haya sido prohibido por el mismo.

Es decir, el artículo 24.1 de la Constitución puede resultar vulnerado con una lesión constatable y objetiva, además de que el perjuicio deberá haber sido directamente causado en base a las represalias de la empresa por el ejercicio de alguna acción judicial del trabajador. Esto ocurrirá incluso cuando no se haya incurrido en una intencionalidad, pero tal como se ha mencionado el perjuicio tendrá que ser derivado y conectado de forma causal.

Los límites de la garantía de indemnidad fijadas por el Tribunal Constitución

Existe una sentencia del Tribunal Constitucional en el que se han fijado los límites. Así, en la sentencia número 183/2015, se han fijado ciertas fronteras para poder valorar y apreciar las pruebas que indiquen que la garantía de indemnidad se ha lesionado.

Límites en base a causas económicas

Uno de los primeros límites que estableció el Tribunal Constitucional ante estas garantías para el trabajador es cuando se da debido a causas económicas. En este sentido, resulta necesario establecer ciertos matices de cara a esos procesos judiciales cuyo objeto principal es establecer el derecho de indemnidad. Una vez que el demandante ha presentado indicios suficientes que permitan que se fundamente la demanda, se produce una inversión de la carga de la prueba.

Por tanto, deberá ser la empresa la que pruebe que las reclamaciones del trabajador no se encuentran ajustadas a derecho. Dichos indicios deberán permitir que los juzgados puedan deducir que efectivamente se ha producido la vulneración a la Constitución. En otras palabras, deberá permitir que se genere una sospecha razonable en favor del trabajador, o bien una presunción. Lo que esto significa es que el principio de prueba recae, en definitiva, sobre la verosimilitud o no de la discriminación que se haya producido.

Límites fijados acerca de legitimidad de los hechos

En cuanto a la legitimidad de los hechos, el máximo intérprete del texto constitucional también marca límites, tal y como se ha establecido. Es al demandado a quien corresponde también en este caso la carga de la prueba acerca de los hechos que motivaron la decisión que vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva.

Criterios fijados por el Tribunal Constitucional

En la vertiente de la garantía de indemnidad, el Tribunal Constitucional ha fijado ciertos límites al respecto. De base, se puede encontrar la Sentencia del Tribunal Supremo del 4 de marzo del 2013 que establece que la prueba del hecho motivador de presenta ajeno a toda clase de móvil atentatorio.

La invocación de facultades legales y convencionales

El Tribunal Constitucional establece que, aunque se puede hacer una invocación genérica de las facultades convencionales y de las legales, estas no podrán neutralizar todo el panorama de los indicios que previamente han impulsado la demanda. Es decir, el panorama indiciario.

No es suficiente una explicación genérica de la empresa

El máximo intérprete de la Constitución española, es decir, el Tribunal Constitucional, tampoco permite que la empresa aporte al juzgado una explicación genérica para demostrar que no se ha vulnerado el derecho del trabajador. Todo lo contrario, deberá aportar una certificación suficiente para cada caso concreto para que se pueda ver que efectivamente el acto específico que esta ha realizado se encuentra totalmente desconectado del mencionado derecho que se haya presuntamente vulnerado.

Decisión desligada y ajena

Un criterio fundamental del Tribunal Constitucional es que el demandante pueda convencer a todo el órgano jurisdiccional que sea competente de que aquellas razones que ha aducido y que permiten justificar la decisión finalmente adoptada estén completamente desligadas y además, son totalmente ajenas al factor que se trata de proteger.

Una vez que se haya acreditado que existe una desconexión no resultará demasiado relevante la calificación jurídica que la causa laboral que ha sido objeto de enjuiciamiento merezca en cuanto al ámbito de la legalidad ordinaria.

El despido nulo a causa de vulnerar la garantía

Como se ha mencionado hasta ahora, la garantía de indemnidad es aquella protección que tiene todo trabajador o trabajadora para ejercitar reclamaciones contra el empresario para defender sus derechos. En ellos se incluye tanto el proceso en la jurisdicción social como en la Inspección de Trabajo, sin que todo esto pueda finalizar en una represalia por parte del empresario hacia el trabajador.

De este modo, en aquellos casos en los que los trabajadores ejercitan procedimientos laborales contra las empresas para reclamar el cumplimiento de sus derechos, si la empresa reacciona ante la reclamación despidiendo al trabajador, es más que probable que el despido sea finalmente declarado nulo por parte del tribunal. Si bien, para ello deberá haberse cumplido los límites y requisitos que hasta ahora se han ido exponiendo.

En estos casos, queda suficientemente claro que se ha tratado de una represalia que la empresa ha creado contra el ejercicio legítimo del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Por tanto, se habrá vulnerado dicha garantía que deriva de los derechos de los trabajadores.

Si bien es cierto que también, para que un despido de verdad sea declarado nulo, un aspecto fundamental es contar con una buena demanda en la que el trabajador haya alegado y argumentado correctamente las causas de la nulidad reclamada. Para ello, resulta recomendable la contratación de los servicios de un abogado laboralista que sea experto en la materia. Así, con total seguridad el trabajador podrá disponer de una dirección letrada del caso con todas las garantías y pleno conocimiento de la normativa legal, convenios a aplicar y la jurisprudencia que exista relacionada con el caso.

La protección real de la garantía de indemnidad

El Tribunal Constitucional ha estado definiendo el concepto durante un largo tiempo para finalmente establecer un concepto uniforme que implica que es aquella en virtud de la que ejercer la acción judicial no puede derivar en consecuencias que perjudiquen al trabajador. Así, debemos destacar también varias sentencias como son la STC 54/1999, la 14/1993, o la 7/1993 entre otras, que han asentado la base que se establece hoy en los procesos laborales.

Es importante señalar que el Tribunal Constitucional ha realizado una extensión de la garantía de indemnidad a aquellos actos que son previos o preparatorios a la reclamación judicial. Y todo ello, ha sido porque de no protegerse de los mismos, la Constitución se vería vulnerada debido a la falta de tutela judicial efectiva.

En este sentido, la primera de las sentencias que se han mencionado expresó que aquellas garantías del trabajador que se encuentran vinculadas al derecho fundamental de tutela se extienden a los actos previos necesarios o a los preparativos para más tarde realizar el efectivo ejercicio de la acción judicial.

En conclusión, este concepto además de ser una garantía es un principio laboralista fundamental amparado en la Constitución española. Genéricamente se puede definir como que la acción judicial o los actos previos o preparatorios, tal como se acaba de explicar, no perjudicarán al trabajador. No obstante, al igual que se establecen garantías,

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