Falta de cotización, ¿cuándo es delito?

Falta de cotización, ¿cuándo es delito?
En este artículo se habla acerca de la tipificación de la falta de cotización como un delito penal según el Código Penal Español. Toda la información aquí

En ocasiones, un empresario puede cometer una falta a la cotización por el impago de las cuotas de la Seguridad Social de sus empleados. Normalmente, ante esta falta se impone una sanción administrativa.

Sin embargo, también es posible que esta falta sea considerada un delito debido a que se estime que se trate de un fraude. Es cierto que muchos empresarios no pagan porque se ven en apuros o simplemente cometen un error.

No obstante, estas faltas suelen subsanarse sin la menor dificultad. Por ello, en este artículo se va a hacer una aproximación a la ley que rige cuándo se constituye un delito y cuándo no lo es.

Delito contra la Seguridad Social, ¿cuándo se comete?

Lo primero que hay que conocer para entrar en contexto es que la Seguridad Social está considerada por la ley de España como un objeto de protección penal en sí. Por ello, en la propia ley se contempla un delito específico para sancionar el fraude a sus prestaciones.

Anteriormente, las conductas fraudulentas solo podían ser sancionadas por la vía administrativa. Sin embargo, al ver la insuficiencia de estas medidas, se comenzaron a aplicar condenas penales.

Actualmente, los delitos contra la Seguridad Social en España están regidos por el Código Penal. Concretamente, en el artículo 307 en Título XIV “De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social”.

Dentro de este artículo se recogen dos tipos de infracciones fundamentales. La primera es el fraude a la Seguridad Social y la segunda la obtención indebida de prestaciones.

No obstante, este texto se va a centrar en la descripción y delimitación del fraude a la Seguridad Social. Dentro de esta tipología fundamental de infracción se encuentran tres acciones principales que constituyen un delito.

  • Eludir el pago de cuotas que se deben abonar a la Seguridad Social. Esta es la acción más común.
  • Obtener de manera indebida una devolución de cuotas que se debían.
  • Disfrutar de una forma fraudulenta de deducciones que se lleven a cabo por cualquier motivo.

Estos tres hechos pueden ser considerados un delito penal según la ley española.

Un cambio de ley muy necesario

Antes de que en 2012 se modificara la ley que regía este tipo de delitos, defraudar a la Seguridad Social y a Hacienda era algo mucho más sencillo.

En primer lugar, porque las sanciones a las conductas indebidas solo podían ser administrativas. Por tanto, quienes se lucraban mediante este fraude encontraron más fácil seguir defraudando y pagar las sanciones que dejar de infringir las normas.

No obstante, desde su modificación y desde que se comenzara a poder considerar un delito penal, el número de fraudes se ha reducido considerablemente.

Y, en segundo lugar, es destacable que se rebajó la cuantía a partir de la cual se consideraba un delito. Antes de reformar la ley, hasta los 120.000 euros anuales no se consideraba el fraude como un delito penal.

Esto daba muchísimo margen a los defraudadores ya que una práctica habitual entre ellos era la de crear sociedades que eludiesen los pagos a la Seguridad Social. Una vez que esta sociedad estaba cerca de cumplir el límite para el delito esta extinguía su actividad quedando impune.

Obviamente, el grupo empresarial volvía a crear otra nueva y repetía esta misma operación para seguir defraudando. Así pues, ante las limitaciones que presentaba la norma anterior, se llevó a cabo una revisión y reforma que hicieron más fácil la persecución de estos delitos.

La ley actual

Tras la más que necesaria modificación de la ley, esta indica que ya sea por acción u omisión, los fraudes que superen los 50.000 euros serán considerados un delito penal.

Así pues, bien por omisión del pago de las cuotas y conceptos de recaudación conjunta o bien por la obtención de devoluciones o beneficios de una forma indebida, al sobrepasar esta cantidad se estaría hablando de un hecho juzgado por lo penal.

De hecho, para que todo quede más claro, se citará a continuación de manera literal lo recogido en el artículo 307 del Código Penal:

Se considera un autor de delito contra la Seguridad Social a todo aquel que por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía

Eludir el proceso judicial

Como ocurre en la comisión de cualquier otro delito penal, este tiene un proceso durante el cual el acusado podrá tomar ciertas medidas. Así pues, si el delincuente reconoce y paga la totalidad de la deuda que ha contraído con el Estado antes de que sea notificado de la realización de una inspección, su situación se tornará regularizada.

De igual forma, también quedaría exento de la pena el autor del delito que abonase su deuda antes de que el Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interpongan la denuncia de sus actividades delictivas.

Así pues, si quien infrinja este artículo liquida su deuda antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción competente le notifiquen que está siendo denunciado por fraude, también se evitaría el proceso judicial. Por tanto, la ley da un cierto margen a aquellos que la infringen para enmendar el error.

Por último, destacar que una vez que el individuo que haya incurrido en esta infracción regularice su situación, ya no podrá ser perseguido por irregularidades contables o por falsedades instrumentales. Estos dos posibles delitos que hubiese cometido antes de comenzar el proceso de investigación quedarían fuera del escenario si el infractor salda su deuda con el Estado.

Cuando se comienza el procedimiento penal

No obstante, si el individuo no hace frente a esta cantidad que debe, el procedimiento penal comenzará. Así pues, la administración se encargará de la liquidación y cobro de la deuda en concreto.

No obstante, hay que hacer hincapié en que este proceso judicial podría detenerse o incluso suspenderse por completo si el juez lo dictaminara. El magistrado podrá hacerlo si deduce que la ejecución de este proceso pudiese conllevar daños irreparables o de muy difícil reparación.

Atenuantes y agravantes de este delito

Existe solo un atenuante que podría rebajar la pena dictaminada en la sentencia. Este es que el sujeto abone la deuda contraída y reconozca los hechos que le son imputados en menos de dos meses desde la primera citación judicial como imputado. Si esto ocurriese el tribunal podría imponer una pena inferior en uno o dos grados a la que le correspondiese según la gravedad del delito.

En cuanto a los agravantes hay que mencionar que son los siguientes:

  • Cuando el importe defraudado sea mayor a 120000 euros.
  • Que el fraude se haya cometido al amparo de algún grupo u organización delictiva.
  • Si se hace uso de personas físicas o jurídicas para ello. Así como que se usen negocios, paraísos fiscales o cualquier otro instrumento para llevar a cabo el fraude.

De esta forma, no cabe duda alguna que lo mejor es que si se es culpable se asuma dicha culpa y se abone la cantidad defraudada. De lo contrario, la condena podría ser mucho mayor.

Condenas aplicables a estos delitos

Cuando un individuo comete este delito, existen diversas consecuencias jurídicas bastante graves. La primera de ellas es la posibilidad de entrar en prisión hasta un máximo de cinco años.

Por otro lado, también se impondrá una multa a los delincuentes. La cuantía de la sanción puede variar desde el doble hasta el pago de seis veces la cantidad defraudada. Así pues, la multa puede ser extremadamente elevada y difícil de afrontar.

De igual forma, la tercera consecuencia sería la pérdida del derecho a obtener ningún tipo de subvención o ayuda pública por parte del Estado. Además de no poder disfrutar de ningún beneficio o incentivo que ofrezca la Seguridad Social en un plazo mínimo de tres años y máximo de ocho.

La importancia de estar al día en los pagos

Así pues, el impago de las cuotas de la Seguridad Social no es ningún nimio delito. Por el contrario, puede acarrear consecuencias muy graves para el infractor por lo que evitar este tipo de acciones es muy importante.

Además, la conciencia de Estado debe estar en todos los ciudadanos. Pagar las cuotas de la Seguridad Social es necesario para asegurar prestaciones como las ayudas y pensiones. De esta manera, cada vez que se comete una estafa al Estado, todos los ciudadanos del mismo salen perdiendo.

En España se dio el caso de cambiar la ley ante la imposibilidad de frenar esta actitud criminal. Algo que deja entrever cómo el propio sabotaje de algunas empresas autóctonas ha contribuido a la erosión de su sistema financiero.

Así pues, hay que evitar la falta de cotización y cualquier otro tipo de fraude tanto a la Seguridad Social como a la Hacienda pública.

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