Los pequeños municipios se suman al reto de la eficiencia energética

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que en el año 2035 las energías renovables únicamente representarán un 30% del consumo energético total.

Pese al continuo crecimiento de las energías renovables, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que en el año 2035 este solo representará un 30% del consumo energético total. Guste o no, el consumo de fuentes de energía no renovables va a seguir siendo una realidad en las próximas décadas. Quizá, durante todo el tiempo en el que sigan existiendo combustibles fósiles. Para asegurar el desarrollo social sostenible se hace imprescindible la eficiencia energética en todos los niveles: hogares, empresa, municipios y países.

Un contexto desafiante

En un planeta finito y con recursos limitados se impone un cambio de mentalidad sobre el uso de los combustibles fósiles. Su gestión tiene consecuencias energéticas, medioambientales, económicas y políticas. Son circunstancias íntimamente relacionadas.

La fabricación y distribución de energía no renovable es costosa y su uso es desigual. Mientras una pequeña parte de la población mundial vive en sobreabundancia energética, una mayoría de personas tiene un acceso limitado y pobre. Se hace necesaria una revisión de los usos y abusos de la energía para conseguir una distribución justa y llegar a la deseada igualdad y equidad energéticas.

La energía convencional procede de fuentes localizadas y muy concentradas geográficamente. Eso convierte a los países poseedores de estos recursos en, como mínimo, gestores capacitados para hacer y deshacer el suministro y sus costes. De esta forma, los países o regiones no poseedores de combustibles fósiles se convierten en altamente dependientes y se crean redes de intereses económicos y políticos relacionados directamente con la posesión y distribución de la energía. No será necesario pormenorizar aquí las consecuencias geopolíticas y macroeconómicas que este flujo de intereses ha traído, trae y traerá en el futuro.

Europa es totalmente consciente de su posición de vulnerabilidad respecto al consumo de energías no renovables. Por un lado, es una de las regiones de hiperconsumo energético; y, por otro, es muy dependiente del suministro de gas y petróleo foráneos. Considerando que la necesidad de energías fósiles no va a disminuir a corto plazo, los objetivos de reducción de pobreza (unos 50 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza energética en la rica Europa) y la imperiosa necesidad de controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, la UE puso en marcha el ambicioso programa Estrategia Europa 2020.

El reto es enorme, pero su consecuencia también. Porque no se trata solo de corregir los déficits sociales y económicos de la zona, tan castigada por el actual contexto de crisis económica y financiera, sino también de amortiguar la dependencia energética exterior. Y sin que eso suponga para Europa una merma de potencial industrial, consumo y desarrollo ni perder su carácter protagonista en el panorama internacional. Siendo dependientes de unas fuentes de energía limitadas, eso implica conseguir más con menos. La eficiencia energética es, así, un imperativo energético, económico, político y moral.

El 20% en 2020

Eficiencia energética es un concepto que se está oyendo cada vez más en todos los ámbitos. Es una necesidad. Ahorrar energía es ahorrar dinero y reducir el excesivo consumo y derroche asociados es positivo para el medio ambiente, otro concepto que no tiene nada de vago. En el medio ambiente vivimos todos.

La tecnología permite que particulares, empresas y municipios apliquen medidas de eficiencia energética para ahorrar costes y sean más competitivos por menos dinero. Sin embargo, esta postura implica una pequeña aventura que, por inercia, muchos prefieren ignorar o retrasar. Dejando que sean los particulares quienes apliquen, poco a poco, medidas de eficiencia energética en su hogar, negocio, centro de trabajo o ayuntamiento, los objetivos energéticos se convertirán en una travesía inacabable. Para acelerar el proceso, la UE se ha puesto manos a la obra construyendo un marco normativo y conceptual que facilite la transición. El objetivo: reducir un 20%, hasta 2020, las emisiones de carbono y el consumo energético (y desde el acuerdo de octubre del 2014, un mínimo del 27%, para 2030) y aumentar un 20% la eficiencia energética y el uso de renovables.

El acuerdo del Consejo en marzo de 2007, que se concretó en el Plan de Acción para la Eficiencia Energética de 2011, tiene, por lo tanto, los siguientes objetivos:

  • Promover una economía que respete los recursos del planeta.
  • Crear un sistema poco generador de emisiones de carbono.
  • Mejorar la independencia energética de la UE.
  • Reforzar la seguridad del abastecimiento de energía.

Estos objetivos generales se concretan en medidas y obligaciones que afectan a todos los sectores productivos, industriales y de distribución, en un esfuerzo común que también implica la formación de los profesionales, la concienciación del ciudadano y, por supuesto, a los gobiernos y la administración local. Los problemas son comunes a todos los niveles y las obligaciones y soluciones también deben serlo.

La situación en España

Transporte y construcción son dos de los grandes “embudos” energéticos en la UE. En España el sector del transporte supone un 39% del consumo energético, con las emisiones de carbono que eso supone. La mayor parte del transporte se realiza en municipios de más de 50.000 habitantes, que, en conjunto, abarcan la mayor parte de la población española. La responsabilidad de los ayuntamientos en atajar el consumo energético y potenciar la eficiencia en esos sectores es primordial, pero si hay un punto en el que su actuación puede ser rápida y efectiva es en la iluminación de las vías públicas. Centrémonos en ese punto. ¿Cuál es la situación en España y qué pueden hacer los municipios al respecto? Y ¿qué hay de los municipios pequeños?

En la UE la iluminación supone el 14% del consumo eléctrico. Con casi 1.000 millones de euros anuales, España tiene el triste récord de ser el país de la UE con mayor gasto en alumbrado público. Un informe publicado en el 2013 por la Universidad Complutense, referido al periodo 1992-2012, señala que el gasto en alumbrado público se ha doblado, debido a los cambios de tarifa y al crecimiento de los municipios pequeños.

Ese estudio estimó que en 2012 el consumo por habitante fue de 116 kW/h, muy superior al objetivo de 75 kW/h establecido por el Plan de Eficiencia Energética 2004-2012, del gobierno español.  En Alemania, un país que disfruta de menos sol que España, el gasto es de 43 kW/h por habitante. El gasto en España ha crecido una media de 4,7% por año, desde 1985, mientras que la población solo lo ha hecho un 0,7%. Sin duda, existe un enorme campo de acción en el que actuar en pos de la eficiencia energética española.

Los municipios de menos de 200.000 habitantes son los que más pagan por el alumbrado. Cuanto más pequeño sea el municipio, mayor proporción del gasto del ayuntamiento corresponde a la iluminación de las vías públicas. Son municipios de recursos limitados, en los que cada euro invertido en un servicio supone quitárselo a otro, lo que frena o limita el desarrollo social y la sostenibilidad rural. Al mismo tiempo, se trata de un panorama de auténtico derroche energético, con un sistema de alumbrado público ineficiente y desproporcionado, que desperdicia electricidad y provoca contaminación lumínica. El modelo es hoy  insostenible.

Bombillas: un cambio eficiente y asequible

Viendo la dolorosa posición energética española, se puede decir que hay mucho trabajo por hacer, pero, siendo optimistas, eso también significa que hay mucho margen para mejorar. La postura de los ayuntamientos puede marcar la diferencia.

Un estudio sobre la mejora de la eficiencia energética realizado para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) determina que un pueblo con 4.000 horas nocturnas de luz de alumbrado público puede ahorrarse un 60% de consumo energético si aplica unas medidas sencillas y económicas: sustituir 120 lámparas de vapor de mercurio de 125W por otras de vapor de sodio de 70W e instalar un equipo estabilizador y reductor de tensión. Dicho estudio, enfocado en municipios pequeños, de 5.000-10.000 habitantes (suficientemente grandes como para tener edificios públicos relevantes, pero demasiado pequeños como para disfrutar de la facilidad de reforma de los municipios mayores), estima que el coste sería algo más de 13.600€, amortizable en tres años, con un ahorro anual de 4.200€. Además, estas medidas reducirían en 24 toneladas la emisión de CO2 anual.

La tecnología SSL de iluminación es ya una alternativa eficiente a las obsoletas bombillas incandescentes y en los próximos años serán más eficientes que cualquier otra tecnología de iluminación. La aplicación de LED y OLED en el alumbrado público es ya una realidad en muchos municipios pequeños y no tan pequeños, que han hecho suyo el mandato europeo de eficiencia energética. Son calles iluminadas con luz agradable, bien enfocada, económica y que limita la molesta contaminación lumínica: las de Soto del Real, por ejemplo, donde se estima un ahorro energético del 80%. Un caso entre cientos posibles.

En definitiva, hay por delante un largo camino en los municipios, España y Europa, pero no es extravagante ni caprichoso: es una acuciante necesidad de cara al futuro. La carrera es dura pero cada vez más rápida. 2020 está a la vuelta de la esquina.

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