En mayor o menor medida todo el mundo tiene deudas a las que, como es lógico, hay que atender. De hecho, no pagarlas puede dar lugar a un embargo que se aplicará sobre el salario del deudor o incluso sobre la prestación de desempleo. Sin embargo, hay excepciones que dan lugar a la inembargabilidad.

Obligación de pago de las deudas

El artículo 1911 del Código Civil establece que el deudor debe cumplir con sus obligaciones y que lo hará con sus bienes presentes y futuros.

Lo lógico es que la persona pague voluntariamente sus deudas, pero hay casos en los que su situación patrimonial no le permite hacer frente al cumplimiento de la obligación. En ese supuesto el acreedor está legitimado para reclamar el pago por vía judicial.

Si tras la sentencia el deudor sigue sin pagar, se procede entonces a la ejecución de la misma y a acordar la confiscación. Se trata de la retención, siempre por orden judicial, de los bienes pertenecientes a una persona a fin de asegurar que paga sus deudas, con independencia del origen de las mismas.

La legislación establece el orden en el que se pueden embargar los bienes de una persona. Pero a efectos prácticos lo más habitual es hacer una incautacion sobre las prestaciones que recibe el deudor, ya sea un salario, una pensión o una prestación.

No obstante, no se puede llevar siempre a cabo ni en las mismas condiciones, hay límites para el mismo.

¿Se puede embargar la prestación por desempleo?

La regla general es que sí. El mero hecho de que los únicos ingresos que tiene un deudor sea una prestación de desempleo no es razón para no llevar a cabo una incautacion. Pero se aplica el mismo límite que cuando se embargan salarios o pensiones: solo se puede producir el embargo si lo que cobra el obligado al pago está por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fijado en cada momento.

Si el parado cobra una cuantía igual o superior al SMI se le puede embargar la prestación, aplicándose entonces los siguientes límites:

• Si cobra hasta dos veces el SMI se le puede embargar un 30% de la prestación.
• Si la prestación es de hasta tres veces el SMI se puede embargar el 50% de lo que cobra.
• En caso de una prestación que sea de hasta cuatro veces el SMI el embargo puede llegar al 60%.
• Si se cobra hasta cinco veces el SMI se puede llegar a embargar hasta un 75%.
• En los supuestos en los que se cobre más de cinco veces el SMI el embargo puede llegar a ser de un 90% de la prestación por desempleo.

En caso de que el deudor tenga responsabilidades familiares a esos porcentajes embargables que se han señalado se les debe descontar entre un 10% y un 15%.

¿Qué pasa si hay varios acreedores?

En caso de que el afectado tenga deudas con varios acreedores no se le embargará más proporción de la que se ha señalado en el punto anterior. Lo que ocurre en estos casos es que el porcentaje que se puede embargar se repartirá entre los diferentes acreedores para satisfacer la obligación de pago.

¿Qué ocurre si se tienen varias fuentes de ingresos?

Puede ocurrir que el titular de la prestación de desempleo perciba otros ingresos o rentas o que esté casado en régimen de sociedad de gananciales y su cónyuge también tenga ingresos. En estos casos se suman todos los ingresos percibidos para calcular la parte proporcional que se puede embargar.

En algunos casos la legislación permite compatibilizar el cobro del paro con un trabajo a tiempo parcial. En una situación de este tipo se actúa igual que en el caso anterior, se suman las cantidades recibidas en concepto de prestación por desempleo y de salario para ver si puede haber confiscación y la cantidad se puede inmovilizar.

Por desempleo en caso de deudas hipotecarias

Si el acreedor es un banco, y lo es por un préstamo hipotecario, también podrá pedir al juez que se embargue la prestación por desempleo de su deudor.

Se entiende que en supuesto de este tipo hay una especial vulnerabilidad del deudor, por eso la cantidad inembargable es la correspondiente al 150% del Salario Mínimo Interprofesional. A dicha cantidad hay que sumarle un 30% más por cada miembro de la familia que dependa económicamente del deudor.

Por impago de la pensión compensatoria y la pensión de alimentos

La pensión compensatoria es la que tiene que abonar una persona a su ex cónyuge para arreglar o compensar el desequilibrio económico que ha producido el divorcio. Dado que en la actualidad en la mayoría de las parejas ambos miembros son independientes económicamente, el número de pensiones de este tipo que se acuerdan por sentencia judicial o en convenio regulador de divorcio son cada vez menos.

La pensión de alimentos es la cuantía que se debe pagar para sufragar los gastos básicos de los hijos en materia de vivienda, educación, salud, alimentación y vestido.

El artículo 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil declara a la pensión alimenticia como un crédito privilegiado. Esto implica que será el juez en cada caso concreto el que determine la cantidad que puede ser embargada.

Pero ese carácter de crédito privilegiado no se extiende a la pensión compensatoria y así lo recogen numerosas sentencias. En estos supuestos sólo podrá haber embargo de la prestación por desempleo si supera el SMI. Respecto a los porcentajes embargables se aplican las reglas generales vistas antes.

Ahora bien, el deudor que no puede hacer frente al pago de este tipo de prestaciones también puede acudir a los Tribunales y presentar una demanda de modificación de medidas del divorcio para solicitar la reducción de la cuantía a pagar o incluso la extinción de la obligación.

Retención del subsidio por desempleo y otro tipo de ayudas

Aquellas personas que ya han agotado la prestación por desempleo y cumplen con unos determinados requisitos pueden cobrar diferentes ayudas como el subsidio por desempleo, la ayuda del Plan Prepara o la RAI.

Este tipo de ayudas siempre están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, por lo que son inembargables. La única excepción a esta regla general es el pago de la pensión de alimentos. En este caso el juez o Tribunal analizará la situación personal y económica del obligado al pago y determinará la cantidad que se puede embargar.

¿Hay algún bien inembargable?

El Código Civil establece un orden de prelación de los bienes embargables, es el siguiente:

1. Dinero en efectivo que esté en cuentas corrientes.
2. Créditos, títulos o valores a corto plazo.
3. Joyas, antigüedades y objetos de arte.
4. Rentas, intereses o frutos de cualquier especie.
5. Bienes muebles o semovientes.
6. Bienes inmuebles.
7. Sueldos, pensiones o ingresos derivados de una actividad profesional o mercantil.
8. Créditos, derechos y valores realizables a medio y largo plazo.

Aunque hay una gran cantidad de bienes entre los que se puede elegir a la hora de embargar, en la práctica lo más sencillo es realizar un embargo sobre la nómina del trabajador, la pensión o la prestación por desempleo.

Pero igual que hay bienes embargables también hay otros que por expresa disposición legal no lo son:

• Los salarios, pensiones y prestaciones que estén por debajo del Salario Mínimo Interpofesional.
• El mobiliario y menaje de la casa.
• Ropa, alimentos y otros bienes que sean necesarios para la subsistencia del deudor y de su familia.
• Libros e instrumentos que sean necesarios para que el deudor lleve a cabo su profesión, arte u oficio.
• Bienes sacros y dedicados al culto religioso.
• Bienes e ingresos pertenecientes al cónyuge del deudor si el matrimonio ha optado por un régimen económico matrimonial de separación de bienes.

¿Qué hacer ante un bloqueo indebido?

En caso de que se haya producido un embargo indebido, por no superar el salario o la prestación recibida el Salario Mínimo Interprofesional, o si se ha embargado más cantidad de la debida, lo que debe hacer el afectado es reclamar directamente ante la entidad que haya llevado a cabo el bloqueo ya sea la Seguridad Social, Hacienda o un órgano judicial. Si se aprecia que, efectivamente, hay un error, se procede a la devolución de lo que se ha cobrado indebidamente.

Fin del embargo

Sea cual sea la razón que ha dado lugar a que se decrete un embargo, el mismo no dura para siempre. La legislación española establece que acaba cuando se haya pagado la deuda, sus intereses y las costas del procedimiento judicial.

De forma alternativa, el afectado puede solicitar el levantamiento del embargo si presenta una garantía suficiente para hacer frente a la deuda cuyo pago se le está reclamando.

Nulidad del embargo

Si el embargo se ha producido sin seguirse el procedimiento legalmente establecido será nulo de pleno derecho. Esto implica que quedará inmediatamente sin efecto y será como si nunca hubiera existido, por lo que el acreedor deberá devolver al deudor indebidamente embargado las cantidades que hubiera percibido desde que el embargo se hizo efectivo.